Seguro de Ciberriesgo para Empresas y Autónomos

Atención telefónica especializada 24 horas al día, 7 días a la semana; coordinación inicial por un gestor de incidentes designado por el asegurador; asesoramiento inicial y asistencia remota mediante proveedores autorizados.

Asesoramiento jurídico relacionado con el incidente, orientación sobre obligaciones de comunicación y preparación de modelos de notificación para afectados, autoridades, organismos reguladores y otros destinatarios que correspondan.

Investigación para identificar el origen y alcance del incidente, análisis técnico, recomendaciones de recuperación, contención y eliminación de malware, así como intervención de especialistas informáticos autorizados.

Asesoramiento para gestionar las consecuencias públicas del incidente, coordinación de comunicaciones con medios, apoyo en la preparación de portavoces y orientación sobre el plan de comunicación de crisis.

Servicios relacionados con la comunicación de una brecha: preparación, impresión y envío de notificaciones, comunicaciones electrónicas, servicios de atención telefónica, traducciones y seguimiento de posibles riesgos de suplantación de identidad, en los términos previstos en la póliza.

Puede contemplar determinados gastos de gestión y comunicación cuando la empresa asegurada esté contractualmente obligada a indemnizar a un tercero y exista obligación legal de notificar a las personas afectadas, conforme a los requisitos del contrato.

Reclamaciones por determinados daños a sistemas de terceros derivados de la transmisión de malware desde los sistemas asegurados, utilización de estos para ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) o supuestos de suplantación de identidad contemplados en el condicionado.

Reclamaciones relacionadas con accesos o divulgaciones no autorizadas de información personal, datos de pago o información especialmente protegida; incumplimientos de obligaciones de confidencialidad y determinados fallos en las notificaciones exigibles tras una brecha de seguridad.

Determinadas cantidades que un directivo de la empresa deba legalmente satisfacer por una reclamación de terceros directamente derivada de un incidente cibernético o una brecha de privacidad. No ampara actuaciones intencionadas o fraudulentas y está sujeta a las condiciones específicas de la póliza.

Puede contemplar sanciones económicas administrativas impuestas por la autoridad competente por infracciones de normativa de privacidad directamente derivadas de un incidente cubierto, siempre que sean legalmente asegurables y se cumplan los requisitos del contrato.

Determinadas multas, cargos, gastos de gestión, reembolsos operativos y costes relacionados con fraude de tarjetas de pago que sean legalmente exigibles a la empresa por las entidades correspondientes, dentro de los supuestos específicamente previstos en esta garantía.

Reclamaciones de terceros por determinados contenidos difundidos por la empresa que puedan constituir difamación, calumnia, descrédito comercial o menoscabo de la reputación, de acuerdo con la definición contractual de contenido multimedia.

Reclamaciones relacionadas con determinados derechos de autor, marcas, diseños, nombres de dominio, derechos de imagen y otros derechos contemplados en el condicionado. La cobertura no equivale a una protección general frente a cualquier conflicto de propiedad intelectual y excluye, entre otros supuestos, las patentes.

El condicionado contempla determinadas sanciones económicas administrativas derivadas directamente de un incidente cibernético cubierto por incumplimientos de NIS2 o DORA, siempre que la sanción sea legalmente asegurable y no derive de una actuación intencionada, fraudulenta o delictiva. Los gastos de defensa y representación requieren autorización escrita previa.

Gastos autorizados de especialistas informáticos y proveedores para restaurar datos y componentes de aplicaciones dañados directamente por un incidente cibernético cubierto. Puede incluir personal externo, horas extraordinarias, consultores especializados y trabajos de recuperación forense.

Pérdidas económicas derivadas de la interrupción de los sistemas cuando esta sea consecuencia directa de un incidente cubierto. Puede contemplar la pérdida directa de beneficios y determinados gastos adicionales necesarios para mantener o recuperar la actividad, como fuentes alternativas de suministro o personal especializado.

El periodo máximo de indemnización indicado en el condicionado es de 180 días naturales, sin perjuicio del periodo de franquicia temporal o tiempo de retención que figure en las condiciones particulares.

Determinadas pérdidas directas de beneficios producidas durante el periodo de daño reputacional como consecuencia de la pérdida de clientes actuales o futuros tras un incidente cibernético cubierto. Su cálculo y acreditación deben ajustarse a los requisitos establecidos en el contrato.

Servicios de monitorización de los datos afectados en entornos Deep Web y Dark Web y seguimiento mediante herramientas de detección y respuesta en los sistemas afectados, a través de proveedores autorizados.

Puede cubrir el incremento de costes de suministros o servicios provocado por el uso no autorizado de los sistemas de la empresa para minar criptomonedas, dentro del alcance específico de esta garantía. No debe interpretarse como cobertura automática de cualquier perjuicio relacionado con criptomonedas.

Determinados costes de sustitución de hardware que haya quedado irreversiblemente dañado por un incidente cibernético y no pueda recuperarse ni limpiarse. La sustitución está sujeta a los criterios económicos y técnicos establecidos en el condicionado, incluida la comparación con el coste de recuperación o limpieza.

Determinados gastos autorizados de análisis de amenazas, evaluación de vulnerabilidades y formación de empleados en concienciación de seguridad, cuando se deriven de un incidente cubierto en los términos previstos en la póliza.

Gastos razonables y necesarios para determinar las pérdidas económicas cubiertas en los apartados correspondientes, cuando intervenga el experto independiente designado por el gestor del incidente. No se incluyen automáticamente los costes internos ni los consultores contratados directamente sin consentimiento previo.

Pérdidas económicas directas de la empresa derivadas de transferencias electrónicas no autorizadas, robo electrónico de fondos, utilización fraudulenta de tarjetas corporativas, manipulación de documentos electrónicos o engaños mediante phishing, vishing o ingeniería social que provoquen una transferencia a un tercero equivocado, siempre que se cumplan las condiciones contractuales.

Condición especialmente importante: para pagos o transferencias superiores a 10.000 €, el condicionado exige un procedimiento interno de doble verificación y autorización por personas diferentes. Además, los cambios de cuentas bancarias o instrucciones de pago recibidos electrónicamente deben comprobarse por un canal alternativo al utilizado para recibir la solicitud.

Determinadas pérdidas económicas de la empresa derivadas de la utilización fraudulenta de su identidad digital después de un acceso no autorizado a sus sistemas, por ejemplo, para obtener crédito, formalizar contratos mediante firma electrónica o crear páginas web fraudulentas que suplanten a la organización.

Determinadas pérdidas económicas sufridas por la empresa cuando se produce un robo electrónico de fondos o activos de terceros depositados en una cuenta bancaria gestionada por la empresa en nombre de esos terceros, siempre que se cumplan las condiciones de titularidad, autorización, acceso no autorizado y reembolso previo exigidas por el contrato.

Determinadas pérdidas económicas personales de un directivo asegurado cuando un tercero compromete la red de la empresa y accede sin autorización, provocando el robo de fondos de su cuenta bancaria personal o determinados supuestos de suplantación derivados de una brecha de privacidad sufrida por la empresa.

Pérdidas económicas de la empresa derivadas del acceso no autorizado de terceros al sistema telefónico corporativo, con generación fraudulenta de llamadas o utilización de servicios de comunicación. El condicionado establece un límite temporal específico de hasta 60 días o hasta la recuperación del sistema, según corresponda.

Determinados gastos y pérdidas derivados de comunicaciones electrónicas o páginas web fraudulentas que suplanten a la empresa asegurada, cuando exista una relación con un acceso no autorizado a sus sistemas y se cumplan los requisitos de prueba establecidos.

Puede contemplar determinados gastos de comunicación a clientes y potenciales clientes, pérdidas económicas sufridas por clientes como consecuencia directa de comunicaciones fraudulentas, pérdida directa de beneficios durante el periodo previsto y gastos externos para eliminar páginas web fraudulentas.